Capital 99.9 FM

Ciudad Bolívar, Venezuela

Afirman que pago del ISLR es una carga al golpeado sueldo del trabajador

***Para José Antonio Antor “el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras de 3% es improcedente”

Noticias Capital/El Universal.

Todos los venezolanos estamos en la corresponsabilidad de ayudar con los gastos de la nación a través del pago de los impuestos, según lo establece la Constitución Nacional; sin embargo, en estos momentos de crisis económica que vive el país, “el Ejecutivo Nacional ha debido emitir un decreto de exoneración para proteger a gran parte de los trabajadores, porque realmente el trabajador es el que está llevando la mayor carga financiera en este momento de proceso de declaración y pago del ISLR”.


Las afirmaciones las hizo el contador público y asesor tributario José Antonio Antor durante una entrevista exclusiva para El Universal, en la que refirió que esta es la primera campaña masiva de pago de impuestos luego de la pandemia, sin embargo, no ha habido mucha publicidad como en años anteriores.


Señaló que los contribuyentes han ido respondiendo paulatinamente, sobre todo las personas jurídicas que son denominadas contribuyentes especiales, que tienen que hacer una retención cada 15 días del 2% de las ventas e ir abonando al ISLR, de manera que ya deben tener abonado 60% del pago al impuesto sobre la renta.


Antor destacó que aquí lo grave es la parte que toca a la persona natural, es decir al trabajador, porque a todos los que dependen de una nómina, que tienen sueldos muy por debajo del valor real para adquirir los artículos mínimos de la cesta básica, se les hace muy difícil cancelar el Impuesto Sobre La Renta, porque este impuesto está abarcando a todos los trabajadores, incluyendo a los que ganan salario mínimo.

Aun cuando en Venezuela los sueldos están muy desfasados de la realidad, una persona que gana 130 bolívares mensuales ha debido devengar en el año por lo menos 1.200 bolívares, incluyendo utilidades y bono vacacional, y ese trabajador tiene que pagar un 20% de ese monto que son unos 450 bolívares. “No me parece justo que un trabajador que gane sueldo mínimo tenga que pagar impuestos”, dijo el experto.

Jubilados y pensionados


Antor aclaró que los jubilados y pensionados no deben pagar impuesto sobre la renta, porque los jubilados y pensionados no declaran ni pagan impuestos sobre el pago que reciben de la pensión o jubilación, ya que ese monto tiene una exención por parte de la ley, tanto en la ley del ISLR como en el reglamento, así que los pensionados y jubilados no están en la obligación de declarar ni pagar ISLR.

Contribuyentes especiales


En la administración tributaria hay una figura denominada sujeto pasivo especial o contribuyente especial que puede ser tanto persona natural como persona jurídica.


Según Antor, el Seniat parece tener el plan de llevar a casi todas las empresas a ser contribuyentes especiales porque la unidad tributaria (UT) está tan baja que para ser calificado como contribuyente especial se debe haber generado en el año inmediatamente anterior 7.500 UT para las personas naturales y 30 mil UT para las personas jurídicas; si lo pasamos a 0,4 bolívares por la UT, da un total de Bs 3.000 para las personas naturales y al dividirlo entre 12 son Bs 250 al mes.
Siguiendo esta misma cuenta para las empresas, da un total de mil bolívares al mes, el equivalente aproximadamente a 40 dólares.


En consecuencia, todas las empresas, incluyendo los emprendimientos más pequeños, están atados a ser contribuyentes especiales.
Por otra parte, Antor se refirió a la importancia de tener el índice de precios al consumidor, IPC, emitido por el Banco Central de Venezuela (BCV), ya que es necesario para realizar los ajustes por inflación de los precios de los activos. Por eso solicitó al BCV que emita los informes del IPC, los cuales no se publican desde septiembre de 2022.

Utilidad del IGTF


Para el también profesor universitario, hoy en día el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) no tiene razón de ser, aun cuando ese impuesto cuando fue promulgado la intención fue buena, porque trató de estimular el uso del bolívar digital y frenar el uso del dólar.


Sin embargo, actualmente cuando se cancela en dólares ese 3% lo acoge la empresa que da una factura en bolívares. El contribuyente, es decir el comerciante, tiene que enterar este impuesto en bolívares porque los impuestos se cancelan en la moneda nacional, ya que la Constitución Nacional establece que la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar.


“Si todos los pagos de tributos y gastos del Gobierno se pagan en bolívares, entonces el que se queda con los dólares es el comerciante, así el que sale perjudicado es el contribuyente que paga la factura y el Estado que no recibe las divisas”, dijo Antor.


A juicio del asesor tributario, este impuesto es totalmente inflacionario, ya que al mantener un impuesto de 3% que ya no tiene sentido, “podríamos preguntarnos dos cosas, si se puede bajar el porcentaje del cobro de este impuesto o eliminarlo. Yo creo que no se puede eliminar porque ya está en nuestra economía, pero se puede revisar y bajar la alícuota del IGTF para hacerlo más manejable, porque 3% es una tasa demasiado alta y no ayuda en nada a bajar la inflación, al contrario, es inflacionario”.

Los mitos y las realidades de la Ley Saren


La Ley Saren, que rige los registros y notarías, que cubre registros mercantiles, registros civiles y registros inmobiliarios, fue promulgada con el fin de actualizar los montos de los aranceles que eran muy bajos y eso traía distorsiones en los registros, ya que el arancel tan bajo se prestaba a corruptelas por parte de algunos funcionarios, para agilizar los trámites.


Así lo afirmó Antor, quien señaló que se promulgó una ley para actualizar los montos, pero pasaron de unos montos muy bajos a tener unos montos impagables, y los aranceles, al igual que los impuestos y las contribuciones, tienen que ser cantidades manejables porque se trata de un servicio que presta el Estado a los venezolanos, “y no es justo ni posible, por ejemplo, que quien va a comprar un apartamento tenga que pagar casi 20% del valor del inmueble en aranceles. Eso es realmente un exabrupto”, dijo.
Agregó que en los registros mercantiles pasa casi igual, y aunque son montos más manejables, también son una grosería por el pago de los aranceles.
Antor señaló que, por una parte, hay un empeño en reactivar la economía, el presidente Nicolás Maduro anuncia unos estímulos o incentivos para la pequeña y mediana empresa, pero, por otro lado, los asfixian con impuestos exorbitantes.
Para el especialista, la Ley Saren debe ser revisada en los montos que el contribuyente debe cancelar, para que sean montos razonables, porque no es justo que el contribuyente esté pagando la inflación.