Efemérides 27 de febrero: 34 años del «Caracazo»

***En 2005 se estrenó en los cines venezolanos «El Caracazo», una película dirigida por Román Chalbaud, cuyo argumento está basado en los sucesos del mismo

Noticias Capital/Nueva Prensa.

El nombre del “Caracazo” proviene de Caracas, la ciudad donde acontecieron parte de los hechos. El saldo de muertes empezó el 27 de febrero cuando fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación.

Aunque las cifras oficiales reportan 276 muertos y numerosos heridos, algunos reportes extraoficiales hablan de más de 3000 desaparecidos.

La economía venezolana entró en crisis a raíz del endeudamiento en el que incurrió el país después del «boom» petrolero en los 70.

A partir de la caída del precio del petróleo comenzó una ralentización económica paulatina mientras el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos.

Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. A partir de entonces las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generando desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional.

Algunas de las políticas que emplearon estos gobernantes para frenar los efectos estructurales fueron controles de cambio a través de RECADI (Luis Herrera Campins) y un control de precios (Jaime Lusinchi), medidas que devinieron en corrupción administrativa y mercados negros de divisas y bienes. Sin embargo, la quiebra estructural del mercado interno generó una escasez gradual.

En 1988 resulta electo Carlos Andrés Pérez en los comicios del 4 de diciembre con 3.879.024 votos, 52,91 % de los sufragantes.

Con este gran respaldo electoral, el gobierno de Pérez planteó una serie de medidas económicas liberalizadoras, tanto de la producción como en los precios de los bienes, proponiendo una progresiva desregulación a través del programa de ajustes macroeconómicos preconizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que se le llamó «Paquete Económico», también conocido como “El Gran Viraje”.

Se anunciaron medidas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves. El paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social.

Principales medidas anunciadas

-Someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional con el fin de obtener aproximadamente 4500 millones de dólares en los 3 años siguientes.

-Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30 %.

-Unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial.

-Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante.

-Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.

-Anuncio del incremento no inmediato, sino gradual, de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.

-Aumento anual en el mercado nacional, durante 3 años, de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100 % en el precio de la gasolina.

-Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30 %.

-Aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30 % e incremento del salario mínimo.

-Eliminación progresiva de los aranceles a la importación.

-Reducción del déficit fiscal a no más del 4 % del producto territorial bruto.

-Congelación de cargos en la administración pública.

A solo pocas semanas de asumir el gobierno, el entonces presidente Pérez, se decide poner en práctica de manera inmediata el paquete de ajustes y de medidas económicas, financieras y fiscales.

El 26 de febrero el Ministerio de Energía y Minas anuncia el alza en 30% de los precios de la gasolina y el incremento de las tarifas del transporte público urbano e interurbano también en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100 %.

Disturbios

Los disturbios se iniciaron en Guarenas (ciudad ubicada a 25 km al este de Caracas), inicialmente en forma de protestas, la mañana del 27 de febrero de 1989 cuando comenzó a haber problemas de transporte hacia la capital, Caracas.

En un principio parecía una protesta de los usuarios por la subida del precio del transporte y de los transportistas porque esa subida les parecía escasa.

Con una rapidez sorprendente, lo que comenzó como una protesta focalizada en una pequeña ciudad, en cuestión de horas se transformó en una ola de vandalismo, violencia y saqueo a nivel nacional.

Los canales de televisión transmitían en vivo los hechos, al principio en los sectores populares se veían protestas pacíficas. Incluso existen videos en los que se ve a la policía metropolitana intentando poner orden a los saqueos para evitar la violencia.

En horas de la tarde, había problemas en casi todos los barrios populares y urbanizaciones de Caracas, los comercios habían cerrado y el transporte público no prestaba servicio.

En los días siguientes, los medios de comunicación mostraron imágenes que permitieron ver la magnitud de los saqueos. Durante muchos meses se discutió cómo pudo acontecer algo tan violento en Venezuela.

Parecía que había sido un movimiento provocado. A este respecto, el general Carlos Peñaloza, que le venía haciendo seguimiento al movimiento conspirador de Hugo Chávez Frías, describe en su libro «El Delfín de Fidel» cómo Fidel Castro infiltró en Venezuela a un pelotón de francotiradores cubanos cuando fue a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez días antes del estallido.

Esos francotiradores serían los que dispararon desde los cerros a las fuerzas de seguridad que se iban desplegando durante los disturbios del Caracazo. Esta sería la causa que llevó a las fuerzas armadas desplegadas a responder abriendo fuego a discreción.

Protestas violentas también se originaron en otras ciudades como La Guaira, San Cristóbal, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Mérida y Ciudad Guayana.

Desbordado por los saqueos, el Gobierno declaró el toque de queda, militarizó las ciudades principales y controló la ola de vandalismo. En la ciudad de Caracas se activó el «Plan Ávila», el cual confería al Ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener el motín, los saqueos y el vandalismo.

Multitudes reunidas durante disturbios

Hubo un número desconocido de muertos, algunos organismos de Derechos Humanos hablan de miles. Hubo también enormes pérdidas materiales y miles de heridos.

El Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC) determinó con identificación exacta de las víctimas (cédula de identidad, nombre y apellido, circunstancias de la muerte) un número de 380 que siempre se consideró parcial (la lista fue entregada al Ministerio Público). La represión fue especialmente dura en la Universidad Central de Venezuela, así como en los barrios pobres de la capital.

Consecuencias

El Caracazo fue una de las consecuencias y agravantes de la inestabilidad política que vivía Venezuela desde el comienzo de la crisis económica e institucional. El programa de gobierno fue modificado tras los hechos; Carlos Andrés Pérez convocó un Consejo Consultivo en el que estuvo también la oposición, en un intento de reconducir la situación social de Venezuela. El 7 de marzo se decreta la liberación de precios. Se acelera el proceso de descentralización con la primera elección directa de Gobernadores y Alcaldes celebrada en diciembre de 1989, lo cual permite un respiro democrático.

El clima de descontento popular agravado por el Caracazo fue seguido en 1992 por dos intentos de golpe de estado: uno en febrero y otro en noviembre.

Se trataba de una logia conspirativa que venía operando en el ejército desde 1982 y que ya tuvo un intento de golpe también frustrado en octubre de 1988.​

La creciente desaprobación de la gestión del Presidente Pérez, la ruptura con el partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, la corrupción de la clase política y del bipartidismo tradicional, junto con el paquete de medidas aplicado hicieron propicio el momento para las intentonas golpistas que el presidente Pérez logró frustrar.

En marzo de 1993 el Presidente Carlos Andrés Pérez es acusado oficialmente de corrupción y apartado del cargo, asumiendo la presidencia por designación del Congreso Nacional (Actual Asamblea Nacional) Ramón J. Velásquez, quien fue sucedido por Rafael Caldera tras las elecciones de 1994.

El teniente coronel Hugo Chávez, uno de los líderes de la primera intentona golpista de 1992, es declarado culpable de dirigir la rebelión militar, siendo encarcelado y luego sobreseído su caso por el presidente Rafael Caldera.

Restituido en sus derechos políticos, el coronel se presentaría posteriormente a las elecciones de 1998 y las ganaría, apoyándose en el descontento y frustración de los venezolanos del momento.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó la actuación del gobierno. El Estado se comprometió a indemnizar a las víctimas, hecho cumplido parcialmente en el año 2004 con aquellas víctimas representadas por la organización de derechos humanos Cofavic.

Sin embargo, a finales de 2006 el gobierno del Presidente Hugo Chávez, a través del Ministerio del Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.

En 2005 se estrenó en los cines venezolanos «El Caracazo», una película dirigida por Román Chalbaud, cuyo argumento está basado en los sucesos del mismo.